¿Qué son los Préstamos Covid-19 con garantía ICO?
Préstamos concedidos por entidades de crédito con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de financiar necesidades de circulante a fin de apoyar la actividad económica grávemente afectada por la pandemia Covid-19
- % del aval: 80% para autónomos y pymes, 60/70 % para grandes empresas.
- Plazo: hasta 8 años con 2 de carencia.
- Periodo de formalización: 3/2020 a 6/2022.
- Importe total formalizado: inicialmente € 141.000 mln, € 118.000 (fin 2022), 85.000 (2023), 52.000 (2024), 24.000 (2025), aproximadamente el 50% de este importe estaba en mora o calificado como dudoso por las entidades prestamistas.
Marco establecido para la reestructuración de los préstamos
Durante 2021 / 2022 se aprobaron medidas para reestructuración de los Préstamos Covid con aval ICO, las medidas estaban divididas en 3 grupos:
- Ampliación del plazo de vencimiento.
- Conversión de las operaciones en préstamos participativos no convertibles en capital.
- Transferencias de Estado para cubrir quitas.
Estas medidas vencieron en 6/2022 – 6/2023.
Situación actual para la reestructuración de estas operaciones
Las ventanas que reglamentariamente se aprobaron para la reestructuración de estas operaciones están vencidas, lo que significan que las entidades préstamistas dificilmente estarán dispuestas a mofificar términos de las operaciones avaladas, a fin de que no se perjudique el aval ICO que las soporta. Esto, en la práctica, va a cerrar la posibilidad de renegociación bilateral de estas operaciones, y su reestructuración será viable si forman parte de una reestructuración global de la deuda, dentro de una reestructuración de deuda preconcursal (obviamente como alternativa a opciones concursales).
Estas operaciones no va a ser posible reestructurarlas porque no hay marco regulatorio que apoye esta reestructuración que esté vigente. Este factor debe de ser considerado cuando se estructure la deuda en clases, en el diseño de una reestructuración global de la deuda a través del Plan de Reestructuración que precisarará para su aprobación la homologación judicial.